La prestación de servicios de carácter digital: Retos y Lagunas
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Presentación
Proyecto DER 2017-82638-P
Financiado por FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia Estatal de Investigación
En la actualidad la digitalización está presente en nuestra actividad cotidiana. A través de la red pueden obtenerse todo tipo de bienes y servicios que responden a nuevos modelos de negocio. La comunicación y la propia vida social están digitalizadas. Ello provoca nuevos riesgos de los que no siempre son conscientes los usuarios.
El objeto de este proyecto es ofrecer respuesta a las dudas e interrogantes que presenta en la actualidad la prestación de servicios de carácter digital, esto es, servicios que, no sólo se contratan a través de la red, sino que también se ejecutan a través de ella. Se trata de cuestiones que no están resueltas ni en el Derecho europeo ni en los ordenamientos internos y que son esenciales para garantizar la certeza y la seguridad jurídica en el entorno digital.
En concreto, se pretende analizar la prestación de servicios de carácter digital desde varios puntos de vista que están estrechamente relacionados entre sí:
a) la delimitación del contenido del contrato, habitualmente marcada por los “términos de uso” y la “política de privacidad” del operador. Sobre estos términos de uso, que son en realidad condiciones generales de la contratación, puede llevarse a cabo, en función del Derecho que resulte aplicable, un control de incorporación y un control de contenido;
b) la protección de datos personales, la protección de la intimidad y otros derechos de la personalidad, cuestiones éstas que pueden estar, a su vez, reguladas contractualmente en los denominados “términos de uso”;
c) La coherencia entre las reglas aplicables a la prestación de servicios de carácter digital y la protección de los derechos de propiedad intelectual de usuarios y terceros. Sólo teniendo en cuenta todos estos aspectos, que plantean ciertos problemas de Derecho internacional privado, puede ofrecerse un marco que resuelva adecuadamente los conflictos que puede generar la prestación de servicios de carácter digital.