Garantizar el acceso a la justicia para las personas más vulnerables

La promoción del Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y la garantía del acceso a la justicia para todas las personas (16.3) es la meta a la que se orienta la línea de investigación sobre Acceso a la Justicia y Vulnerabilidad en la que ahora mismo está inmerso el equipo del Instituto Gregorio Peces-Barba.

A pesar de que el derecho de acceso a la justicia constituye la garantía última de los derechos, no se trata de un derecho al alcance de todas las personas. Muy al contrario, es frecuente que las instituciones de las que depende se diseñen desconsiderando la diversidad de situaciones en las que los seres humanos pueden encontrarse, lo que implica que se generen obstáculos para el acceso de quienes no son tenidos en cuenta. El Proyecto “Acceso a la Justicia y Vulnerabilidad”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación,  en el marco de los Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+I y de I+D+I Orientada a los retos de la sociedad, se centra en identificar los grupos en situación de vulnerabilidad en relación con el acceso a la justicia en España, así como las barreras que los afectan , para, desde esta plataforma, plantear propuestas para la efectividad del derecho.

Las investigaciones y las acciones que se están abordando en esta línea parten de una concepción de vulnerabilidad y también de una preconcepción del acceso a la justicia desde las que es posible justificar su importancia para la garantía de la igualdad y la consolidación del Estado de Derecho (meta 16.3 de los ODS).

La concepción de vulnerabilidad que se adopta como presupuesto de la investigación a desarrollar se relaciona con el modelo de derechos que se considera presente en la definición de discapacidad del artículo 1.2 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 (CDPD): “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. De este modo, la vulnerabilidad, además de como una condición universal de los seres humanos, puede entenderse como el resultado de la interacción entre distintas condiciones individuales y las barreras que impiden la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas que comparten estas condiciones y que, por esta razón, constituyen un grupo en situación de vulnerabilidad. Las barreras que afectan al acceso a la justicia por parte de estas personas inciden en el ejercicio de este derecho en cuestión, pero también suponen un obstáculo en relación con las garantías de todos los demás derechos que contribuye a agravar y a perpetuar su situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el derecho de acceso a la justicia, que hace referencia al derecho de todas las personas a encontrar protección a sus derechos en el marco del sistema jurídico, se satisface a través de la protección dispensada por jueces y tribunales, pero también por la que ofrecen otros organismos, como ciertos órganos administrativos o instituciones de derechos humanos,  o mediante procedimientos alternativos de resolución de conflictos. Si bien sus exigencias no están totalmente determinadas, es posible afirmar que comprende al menos dos elementos fundamentales:  el sistema de justicia tiene que ser igualmente accesible para todas las personas y debe conducir a resultados individual y socialmente justos. Por eso el acceso a la justicia implica acceso efectivo y el establecimiento de garantías para que las posiciones de las partes estén equilibradas.

A pesar de lo anterior, algunas personas, como consecuencia de su situación de vulnerabilidad, se enfrentan a barreras que impiden o dificultan el acceso a la justicia y, por tanto, que merman la posibilidad de obtener un recurso efectivo cuando sus derechos son conculcados. La carencia de recursos económicos, la falta de conocimiento y los ya mencionados estereotipos o la inaccesibilidad de los entornos en los que se ofrece la justicia son algunos de los ejemplos que pueden citarse. Las personas en situación de pobreza y las personas con discapacidad constituyen ejemplos de grupos que suelen encontrarse en situación de vulnerabilidad, aunque si no se adopta una concepción esencialista de la vulnerabilidad, los grupos pueden variar en relación con el contexto.

Precisamente, en el escenario condicionado por la pandemia y su gestión, se han intensificado las brechas en el acceso a la justicia. Con carácter general, esta situación está siendo objeto de análisis durante el curso 2020/2021 en el seminario Derechos Humanos y Pandemia. Específicamente al impacto sobre los derechos de las mujeres se dedicará el Foro de Debate Mujeres frente a la Pandemia: mirada de género para una respuesta feminista, que cuenta con una subvención del Instituto de las Mujeres en la convocatoria de 2020 y que desde el mes de marzo pretende convertirse en un espacio de discusión entre academia, sociedad civil y representantes de la administración.

La mejora del acceso a la justicia de las personas con discapacidad es el objetivo del proyecto Just4All, que financia el Justice Programme (2014-2020) de la Unión Europea, y en cuyo marco la Fundación ONCE, la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad (ESPD), el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Thomson Reuters y el Instituto de Derechos Humanos trabajamos para eliminar las barreras en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad a través de la formación de operadores jurídicos. El resultado de mayor impacto de este proyecto es un MOOC sobre el tema en inglés, francés y español.

Con una estrecha vinculación a esta línea de investigación, además, el Instituto lleva a cabo diversas acciones entre las que destaca el impulso a la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach, en colaboración con entidades representativas de intereses de distintos colectivos en situación de vulnerabilidad y que además de ser una herramienta de formación y de impulso a la investigación, constituye, en sí misma, un instrumento al servicio de la promoción del acceso a la justicia de las personas integrantes de estos colectivos.  

En relación con los ODS, durante el segundo cuatrimestre del curso 2020/2021 se desarrollará, a petición de CERMI Estatal, un programa sobre la Agenda 2030 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El objetivo es realizar un examen sistemático de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el objetivo de identificar medidas que sirvan para satisfacer en mayor medida ambos instrumentos desde un enfoque amplio de los derechos de las personas con discapacidad.

En este video, la Directora del Instituto, María del Carmen Barranco Avilés, explica la contribución de estas líneas e iniciativas de investigación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.